Amnistía Internacional hace un llamado urgente a los dirigentes sociales de Cajamarca a que impidan las manifestaciones violentas que están ocurriendo en estos momentos en la provincia de Cajamarca. Al mismo tiempo, pide al gobierno peruano, que frente a las protestas sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida.
La organización expresa su preocupación por el creciente nivel de conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales en Perú, lo que ha llevado a una situación preocupante que abre la puerta a una serie de graves violaciones de derechos humanos.
Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público, pero siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Del mismo modo, es de vital importancia que las autoridades garanticen el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.
Es urgente que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012, cuando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden resultaron en tres muertos, más de veinte heridos, incluyendo efectivos de la policía y el ejército, y al menos 16 detenidos.
Como respuesta a lo ocurrido en la noche de ayer, el poder ejecutivo ha declarado un estado de emergencia efectivo desde el 4 julio de 2012, por el cual quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca.
Amnistía Internacional recuerda que la declaración de un estado de emergencia está sujeta a estrictas limitaciones, según los estándares internacionales de derechos humanos, y bajo ninguna circunstancia debe traducirse en violaciones a los derechos fundamentales de las personas.
Las autoridades peruanas deben asegurar que al implementar el estado de emergencia no se violen el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, bajo ninguna circunstancia. Igualmente, debe ser respetado el derecho de los detenidos a un proceso debido, y debe protegerse y garantizarse el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos en la zona para que puedan realizar su trabajo sin miedo a represalias.
En medio de una protesta popular contra la Minera Xstrata, la policía dispara a matar a los manifestantes. Este vídeo aficionado dice mas que mil palabras llenas de indignación e impotencia.
Lo irónico es que el actual Presidente del Perú, Ollanta Humala, ganó las elecciones en Espinar con el 70% de los votos: ahora les devuelve con balazos la confianza depositada.
Este gobierno, alentado por los grupos de poder que defienden sus propios intereses y unos medios de comunicación prestos siempre a desinformar, ya ha cobrado DOCE muertos civiles en medio de conflictos sociales desde que asumiera el poder en Julio pasado. Es como si a los indignados españoles les respondieran con balas: Humala está actuando como un tirano sirio cualquiera.
Solo cabe decir BASTA YA y denunciar estos crímenes ante el mundo.
Triste país, en que el asesinato de conciudadanos es motivo de mofa o de cinismo. Vergonzoso país, en el que hasta después de muertos, hay peruanos que no cuentan, sino para la frase de efecto; para la insinuación maliciosa; para ostentar como si fuese distinguida, la dureza de corazón.
Tres voces de la derecha peruana han reaccionado a los sucesos de Espinar con auténtica insensatez, que no puede atribuirse sino a una voluntad provocadora, a una estrategia polarizante.
La carátula del Diario Correo, dirigido por Aldo Mariátegui, titulaba ayer “Ya tienen sus muertos…” y agregaba, al pie, una explicación que requiere algún esfuerzo de interpretación gramática y moral: “Policía tuvo que abatir a dos y herir a 20 para defender ataque a mina Tintaya.”
En una posible lectura, el titular parece dirigirse a la ciudadanía que protesta para decirle que el Poder no hace advertencias vanas: te atreviste a objetar, ahí tienes a tus muertos. Estamos decididos a todo, y si sigues reclamando, te seguiremos matando. El subtítulo es una simple consideración técnica: para lograr sus objetivos, la policía mata a dos y hiere a veinte. Dependiendo del tipo de reto, del nivel de la osadía de los reclamantes, los números pueden variar: ¿tres y treinta? ¿siete y setenta?
Parecida explicación merece la opinión de la congresista Lourdes Alcorta. “Lamentablemente”, dice al desgaire, “va a tener que haber muertos, ¿qué se puede hacer?” Matar ciudadanos es un asunto técnico: en determinadas situaciones, no hay nada que hacer. Así es la cosa. Dependiendo de cuántos son los manifestantes y cuántos los policías, la aritmética inmoral de la derecha, nos debe dar la respuesta de cuánta gente hay que matar, y cuánta hay que herir.
En estas opiniones no hay duda alguna sobre el contexto: si surge un conflicto, la consecuencia lógica es que se use a la policía y se mate a manifestantes. Preguntarse por el tipo de conflicto, sus causas, sus posibles soluciones, está demás: es abrir las puertas a la mano blanda, al pensamiento excesivo, a la sensiblería.
Otra lectura del titular de Correo, algo distinta de la anterior, es la de responsabilizar a los que protestan, por la suerte que han corrido. Más aún, es afirmar que ellos mismos buscaron sus muertes para hacer ganancia política. En este sentido, el titular afirmaría que la población de Espinar quería que la masacren para generar solidaridad, golpear políticamente al gobierno, o alguna otra táctica similar.
En esta línea de cinismo se ubica el breve editorial firmado por Fritz DuBois en “Perú 21”. El artículo se titula “Consiguieron sus muertos”, y propone la siguiente teoría conspirativa: un cierto grupo, cuyos intereses son absolutamente vesánicos, ha preparado una ofensiva coordinada en todo el país, (“asonada” la llama DuBois) para destruir la economía nacional. Si el lector acepta la premisa de que un grupo puede trazarse un objetivo tan enloquecido, debe aceptar la consecuencia de que el mismo grupo utilice tácticas enloquecidas, como el suicidio por disparo policial.
Sin sentimentalismos.
En el planeta inmoral que habitan los tres agitadores de la derecha -Aldo Mariátegui, Lourdes Alcorta y Fritz DuBois- nadie tiene el derecho de oponerse a una política de estado o de empresa; quien protesta es un enemigo público; y un policía es una máquina de matar, as que es tu culpa ponerte frente a uno.
Naturalmente, los tres apuntan a una sola conclusión política: no lamentarse y, sobre todo, no ceder. El gobierno, en palabras de DuBois, debe deshacerse del lastre de “trasnochados”, “quintacolumnistas” y “radicales” y gobernar; lo que –en esta lógica- es sencillamente una cosa: administrar la máquina de matar y proteger la inversión.
Así, la derecha entra sin pudores y al cabo de décadas de esfuerzo, a la última fase de su extraordinaria conquista de la opinión pública limeña, que no nacional: la absoluta destrucción de la compasión, como un sentimentalismo absurdo, que no tiene lugar en el brillante horizonte del desarrollo económico.
Ya han logrado vender la idea de que el Estado no tiene rol alguno en la actividad económica, ni siquiera como regulador; ya demonizaron la protesta social como un equivalente del terrorismo; ya justificaron las matanzas como un privilegio de quienes “defienden la democracia”; ya arrinconaron a la inteligencia del país con apodos sarcásticos; ahora sólo les queda redondear la faena: lograr la última, fundamental, perversión de la moral pública, y exigir que sus lectores se encojan de hombros o bien aplaudan las muertes como una lección para todo aquél que se atreva a disentir.
Tienen todo el aparato legal y político necesario: una constitución a la medida de las empresas; decretos que autorizan a la fuerza pública a tratar a la población civil como “elementos hostiles”; y un gobierno pelele, repleto de incapaces. En esas condiciones, transportar en el tiempo a un país entero, a los inicios del siglo XX, cuando las empresas mineras y agrícolas controlaban enclaves, y los alzamientos provincianos se controlaban a balazos, es perfectamente factible. Y todo esto, por supuesto, se hará, con el barniz de la cultura del optimismo que también nos venden, con la pretensión de volver a un supuesto país idílico, previo al pesimismo de Vallejo, el idealismo de Haya, al radicalismo de Mariátegui.
¿Qué le falta a esta derecha para terminar de hacer el país a su imagen y semejanza? Sólo una cosa: que aceptemos que hay muertos que no nos pertenecen; que los caídos en Espinar, como antes en Bagua, no son nuestros: que no son peruanos, que no son ciudadanos. Son “pobladores”, son “nativos”, son agitadores, subversivos, revoltosos, alzados. Son suicidas que buscan la bala, ciegos que no ven el progreso, vidas que no vale la pena llorar.
En el momento en que aceptemos que los muertos son sólo de Espinar; cuando nos encojamos de hombros; cuando aceptemos la premisa de que estos son “sus” muertos –los del alcalde de Espinar, los del presidente regional de Cajamarca, los de Tierra y Libertad- y no los nuestros; en ese momento, habremos terminado de convertirnos, de nuevo, en una gran hacienda.
Mientras tanto, y a riesgo de parecer retórico, sentimental, caviar o demasiado académico para esta derecha filistea, creo que hay que decir que ya basta: que todos los muertos son nuestros; que no hay ninguna vida peruana que esté demás; que en la mesa de las familias destrozadas en Espinar por la pérdida de un padre o un hermano, nos sentamos todos.
Tal vez, si logramos mantener esta última línea de resistencia ética, podamos demostrarles a estos tres agitadores y al gobierno, que todavía hay país, y no hacienda; humanos, y no ganancias; ciudadanos, y no pongos. Ojalá.
Foto tomada el 23 de abril de 1997, luego de efectuarse la llamada "Operación Chavín de Huantar". En ella aparecen desafiantes Alberto Fujimori - actualmente preso por delitos de lesa humanidad - y Roberto Huamán Azcurra, sindicado en la década del 90 como miembro del escuadrón de la muerte "Colina", hombre de confianza del Jefe de facto del Servicio de Inteligencia (SIN), responsable del espionaje telefónico a miembros de la oposición, camarógrafo de las reuniones donde se sobornaban desde ministros de estado hasta dueños de Televisoras, etc. Por cosas que solo pasan en el Perú, hoy Huamán Azcurra está libre, luego de cumplir 9 años de prisión dorada por "peculado en agravio del estado".
Actualmente su nombre ha cobrado vigencia al ser procesado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por cometer asesinatos extrajudiciales de miembros rendidos del fenecido Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) luego de la "Operación Chavín de Huantar", que supuso el rescate de casi la totalidad de rehenes en la entonces residencia del Embajador de Japón, y la muerte de todos los insurgentes "en combate" del MRTA. Este rescate en teoría fue llevado a cabo por comandos del Ejército Peruano (murió un comando) debidamente entrenados para estas operaciones, por lo que la sola presencia de Huamán Azcurra y el mismo Fujimori no solo es irregular sino respondería a acciones fuera de todo estado de derecho. Existen informes forenses detallados que acumulan muchas pruebas que comprueban asesinatos por militares después de la operación que no participaron en ella.
Ante el pedido de la CIDH, el gobierno de Ollanta Humala Tasso y el sector mas conservador de la clase política, empresarial y editorial peruana han tomado una estrategia psicosocial de desinformación que recuerda los momentos mas graves de la dictadura de Fujimori (1990-2000) con el objetivo final de lograr la aprobación popular para escapar a las obligaciones que suponen estar adscritos a la CIDH: Desde acatar indemnizaciones a decenas de miles de familias y víctimas del terrorismo de estado durante los años 1980-2000, hasta nuevos procesos iniciados por comunidades andinas y amazónicas, como último recurso para proteger sus territorios y recursos del hambre voraz de las mineras, petroleras y demás transnacionales en el Perú, con el aval del gobierno peruano, que parece haber cambiado de títere, pero no de titiritero.
Los ataques e intimidaciones a los activistas que solo piden el respeto por los DDHH fundamentales para todos los peruanos sin excepción es intensa : son acusados de terroristas. Incluso la misma CIDH es acusada de terrorista, con el objetivo de llamar terroristas también a todo aquel que recurra a esta instancia cuando la justicia peruana eleva sus estándares de ceguera, impunidad y corrupción.
Hace un año la desidia del gobierno de Alan García desencadenó una matanza entre peruanos que hasta hoy se desconoce la verdadera magnitud de la misma: las cifras oficiales hablan de una treintena de muertos, la Defensoría del Pueblo presentó un informe incompleto y manipulado, el gobierno desde el mismo 5 de junio del 2009 inició una campaña de amedrentamiento y persecución: dirigentes asilados o recuperándose de sus múltiples heridas, medios de comunicación cerradas, periodistas presos; todo con la venia de los halcones de la política y propietarios de la prensa acostumbrados a recibir dinero en sobres manila o maletines.
A 365 días del día nacional de la impunidad, dar reflexiones pseudo-sociológicas acerca de "élites limeñas" que por fin darán una mirada a la selva olvidada, es dorar la píldora ante la matanza que existió, es olvidar que Alan García habló sobre ciudadanos de primera clase en el mismo instante que llenaban de balas el cuerpo de Manuin, es no recordar la responsabilidad de los ex-ministros Simons, Cabanillas y la actual Ministra de Economía, intocable para los falsos líderes de opinión.
A 12 meses de la infamia, se insiste en campañas nauseabundas en contra de los dirigentes nativos, en ridiculizar a activistas que se encadenan en la Casa Blanca cuando el mayor asesino y ladrón de la vida republicana peruana se reunía con Obama, no descanzan en manejar las mismas "cifras oficiales" que hablan de una treintena de muertos, la mayoría polícias, para beneplácito de ex-periodistas metidos de analistas políticos, siempre sospechosos de colaborar con la CIA y otros esbirros.
Bagua no ha servido para un acercamiento entre el Perú oficial y el real, simplemente ha servido para corroborar qué, a pesar de las optimistas cifras macro-económicas, de las inversiones rebosantes, de ese aroma a primer mundo que emiten las vitrinas de los Centros Comerciales. Seguimos siendo una República Bananera: los recursos naturales se rematan debajo de la mesa, las leyes se modifican para beneficiar al poderoso, nos gobierna un presidente asesino reincidente en asesinar ilusiones. Los Rancas que hace medio siglo denunciaba el novelista Scorza, ahora se llaman Bagua, siempre bajo los titulares de Expreso o Correo.
Bagua también ha servido para señalar al traidor o al mercenario, y separarlo del valiente que no teme salir a la calles para expresar su rabia, su buena memoria y su dignidad.
Vengan todos a ver, ay vamos a ver En la plazuela de Huanta, amarillito Flor de Retama, amarillito, amarillando, Flor de Retama.
Donde la sangre del pueblo, ay, se derrama allí mismito florece, amarillito, amarillando, Flor de Retama.
Por Cinco Esquina están, los Sinchis entrando están. Van a matar estudiantes huantinos de corazón, amarillito, amarillando Flor de Retama. Van a matar campesinos Huantinos de corazón, amarillito, amarillando, Flor de Retama.
Los ojos del pueblo tienen hermosos sueños sueñan el trigo en las eras, el viento en las praderas y en cada niño una estrella.
La sangre del pueblo tiene rico perfume huele a jasmínes, violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita, Carajo, a pólvora y dinamita. Carajo.
Como en tiempos que se creían pasados, el mal llamado gobierno democrático del peruano Alan García Perez ha incrementado su triste fama genocida: ayer, 5 de junio, día del medio ambiente, las fuerzas del orden han provocado una matanza en Bagua, ubicada en la selva peruana.
Unos dicen que han sido 30 los fallecidos por herida de bala, otras fuentes indican que se ha alcanzado el centenar. Hay informaciones que hablan de cadáveres arrojados al caudaloso río Utcubamba o del traslado de estos cuerpos a una Base Militar cercana.
La mayoría de las víctimas eran comuneros indígenas de las tribus amazónicas, unidas en un paro que ya duraba 60 días, para defender sus tierras del mal llamado progreso, eufemismo usado para disfrazar la lotización y depredación de los inmensos recursos naturales de la selva amazónica, a manos de las transnacionales petroleras, principalmente. También han muerto una decena de policías, enviados a matar y morir por políticos irresponsables, y dos periodistas.
Si el Perú fuera un verdadero país democrático, el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra del Interior hubieran renunciado hace unas horas, el gabinete en pleno interpelado y el Presidente a esperas de un juicio político, pero no ha sido así. La ejemplar condena a Fujimori de hace unos meses ha sido solo un espejismo.
Mientras tanto, la clase política peruana se ha lavado las manos, mintiendo con descaro una y otra vez, culpando a verdaderos luchadores sociales de esta matanza. Igualmente la mayoría de prensa convencional (diarios, TV y radio) ha desinformado hipócritamente, en una actitud racista e indignante, que solo puede ser explicada por los inmensos intereses económicos detrás: el poder del dinero vale mas que el poder de la vida, que el poder de la naturaleza.
Pero este crimen no puede quedar impune, aquí en Perú se va luchar para que se haga justicia, pase lo que pase, pese a quien pese, caiga quien caiga; de eso no tengan duda.
Mas es necesario el apoyo de todos, sin fronteras. Por eso pido encarecidamente que se difunda estas muertes injustas, en todos los espacios posibles, blogs colectivos o personales, temáticos o nó; que llamen a los diarios de sus países, a las organizaciones de derechos humanos, que protesten en los consulados o embajadas de Perú. Los indígenas amazónicos han pagado con sus vidas el derecho de vivir en paz, preservando una Amazonía que es el pulmón del mundo: es lo menos que pueden, que podemos hacer, para honrar sus memorias.
En solo el mes de mayo, han fallecido 120 niños en las alturas del Perú, todos ellos por enfermedades derivadas de la ausencia de bienes básicos primordiales : salud, vestido, vivienda.
Mientras el gobierno y los medios de comunicación convencional prestaban mayor atención a la mediática gripe porcina, la muerte de estos infantes aumentaba, día tras día, ante la indolencia de los que pueden hacer algo por cambiar la injusticia.
Pero un grupo de bloggeros peruanos, unidos por la misma indignación, se han unido en una campaña que poco a poco está rindiendo frutos: ahora se espera que estas buenas intenciones vayan más allá, hacía un papel más activo y crítico en nuestra sociedad, activo no solo en ariales, activo en hechos y propuestas.
Luego de catorce meses de juicio, al fin, la sentencia es condenatoria. 25 años de prisión efectiva.
Se le ha juzgado y condenado por 4 casos específicos, todos delitos contra los derechos humanos: entre secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones a estudiantes, profesores, periodistas, individuos de a píe, suman 29 las víctimas de estos casos especiales.
No se le ha juzgado por cerrar el congreso, ni por narcotráfico, ni por los miles de desaparecidos, ni por negar su firma, ni por entregar las riquezas nacionales, ni por fimar tratados de paz oprobiosos, ni por desfalcar al estado, ni por comprar armamento chatarra, ni por violar la constitución, ni por renunciar a la presidencia por fax, ni por sobornar políticos, canales de TV, diarios, gremios.
No ha sido un juicio político: la miseria moral de su régimen podrido, pintado de naranja, verde olivo y tecnocumbia será condenada con el olvido de todo un pueblo, con la derrota en las urnas de sus hijos, los de sangre y los putativos .
Al fin, descanzarán en paz los miles de desaparecidos durante su régimen, su dictadura o mal llamada democracia.
Descanzarán en paz también los militares y polícias caídos en la lucha contra el terrorismo: ya no sufrirán en muerte, ni sus deudos, la verguenza de ser juntados en el mismo saco con asesinos que sacaban estudiantes de madrugada, periodistas de sus casas, para desaparecerlos en fosas comunes, fungiendo de jueces y verdugos.
Y los miles de jóvenes peruanos que salimos a las calles en esos postreros 90's, para alzar las banderas y sumarnos a la plaza, ahora entrados en las tres décadas, no lejanos de la apatía de vivir en un sistema donde el mundo es un cambalache, sentiremos al fin un gran alivio y satisfacción, una luz de esperanza de que no todo ha sido en vano, que vivir en un país que respete los DD HH es posible, que la impunidad jamás volverá.
Pero la lucha por la dignidad recién comienza, los asesinos y sus esbirros arreciarán con fuerza, pero no pasarán, ni ellos, ni sus ideales prostituídos, menos su dinero y poder corrupto.
Los premios logrados en la reciente Berlinale por el film peruano La teta asustada (2008) de Claudia Llosa, ha puesto sobre el tapete uno de aquellos problemas urgentes que rara vez tienen cabida en los diarios y en la televisión: la tragedia de las mujeres violadas o torturadas, viudas o huérfanas, durante los años de violencia política que sacudieron las tierras del sol (1980-1995).
La referida teta asustada es un síndrome, un hecho real, estudiado por la psiquiatría. Es el trauma psicológico de la mujer, que es transmitido al hijo, sea por la leche materna, el contacto diario, el aprendizaje de a dos. Ese miedo perpetuo, esa desconfianza en las personas, esas pesadillas diarias, esa depresión crónica, es legada como terrible herencia a los hijos, los mismos que lo transmitirán a su propia descendencia.
Pero ese fenómeno no se remite solamente al Perú: lo vivieron los hijos de los judíos, eslavos y gitanos sobrevivientes del Holocausto Nazi, al punto que la tasa de suicidios es muy alta en aquellos descendientes. También se ha registrado casos similares en Ruanda, Bosnia, Palestina, El Salvador, Camboya, en todos aquellos lugares donde Dios parece estar siempre ausente.
Las heridas de la guerra demoran mucho en cicatrizar, y demorarán aún más, mientras exista la impunidad, la miseria perpetua, el racismo lacerante, la indiferencia de un estado indolente, la hipocrecía de una sociedad y sus medios de comunicación, que esperan las lentejuelas de un festival de cine para tocar un tema urgente y colocarlo en primeras planas.
Huanta, Ayacucho, sierra sur de Perú, 12 de diciembre de 1984: decenas de familias, provenientes de las comunidades campesinas quechuas de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha, acudían al llamado del Ejército Peruano, cansados de los hostigamientos y asesinatos de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que tiñó de carmesí los maizales de los pueblos que no existen en los mapas oficiales.
Los comuneros habían aceptado la propuesta del Ejército, dejando sus aldeas y estancias, para fundar un Centro Poblado, junto a la Base militar de Putis, y comenzar una nueva vida, protegidos por un estado que apenas conocían en la forma de una bandera rojiblanca y una escarapela, de uso obligado en fiestas nacionales.
Pero sólo encontraron muerte: en la noche fueron separados hombres y mujeres, las mujeres fueron violadas sin misericordia por los militares; los hombres fueron obligados a cavar una fosa poco profunda, para una quimérica piscigranja, futura fuente de sustento diario.
Al amanecer, todos fueron asesinados, con metralla, de seis en seis, y depositados en esa misma fosa, que jamás fué una piscigranja, solamente una oprobiosa fosa común, una de las tantas patrocinadas por el Ejército Peruano, en aquellos años oscuros que ellos - los asesinos - confiaban jamás verían luz.
Era mayo de 2008, un equipo de arqueólogos forenses iniciaron las exhumaciones de cinco de las fosas comunes ubicadas en Putis, gracias al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los primeros resultados fueron los siguientes:
Se han indentificado a 94 personas: 23 mujeres, 48 menores de edad, 38 menores de 10 años. Gracias a los análisis de ropas y ADN, esos muertos anónimos serán identificados, y entregados a sus deudos para un entierro digno, como merece un ser humano.
Pero eso no basta: es necesaria una reparación colectiva, moral y económica, a la memoria de los caídos y a los deudos. También es urgente que se juzgue y castigue a los militares, responsables directos de esa masacre, y que se llegue hasta donde se tenga que llegar, sin importar los galones ni las estrellas: que se sepa toda la verdad, esa verdad urgente que cura.
Hoy, recién se comienza a reparar el dolor: aún faltan centenares de Putis por rescatar del olvido, aún quedan familias buscando a sus parientes, aún quedan verdugos gozando de la impunidad del uniforme verde olivo, aún quedan conciencias indiferentes que despertar, dentro y fuera del Perú, más allá de latinoamérica, de Europa, del mundo.
Por eso, amigo lector, no olvides jamás en que parte del orbe queda Putis.
Amnistía Internacional hace un llamado urgente a los dirigentes sociales de Cajamarca a que impidan las manifestaciones violentas que están ocurriendo en estos momentos en la provincia de Cajamarca. Al mismo tiempo, pide al gobierno peruano, que frente a las protestas sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida.
