9 ene 2012
Foto tomada el 23 de abril de 1997, luego de efectuarse la llamada "Operación Chavín de Huantar". En ella aparecen desafiantes Alberto Fujimori - actualmente preso por delitos de lesa humanidad - y Roberto Huamán Azcurra, sindicado en la década del 90 como miembro del escuadrón de la muerte "Colina", hombre de confianza del Jefe de facto del Servicio de Inteligencia (SIN), responsable del espionaje telefónico a miembros de la oposición, camarógrafo de las reuniones donde se sobornaban desde ministros de estado hasta dueños de Televisoras, etc. Por cosas que solo pasan en el Perú, hoy Huamán Azcurra está libre, luego de cumplir 9 años de prisión dorada por "peculado en agravio del estado".
Actualmente su nombre ha cobrado vigencia al ser procesado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por cometer asesinatos extrajudiciales de miembros rendidos del fenecido Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) luego de la "Operación Chavín de Huantar", que supuso el rescate de casi la totalidad de rehenes en la entonces residencia del Embajador de Japón, y la muerte de todos los insurgentes "en combate" del MRTA. Este rescate en teoría fue llevado a cabo por comandos del Ejército Peruano (murió un comando) debidamente entrenados para estas operaciones, por lo que la sola presencia de Huamán Azcurra y el mismo Fujimori no solo es irregular sino respondería a acciones fuera de todo estado de derecho. Existen informes forenses detallados que acumulan muchas pruebas que comprueban asesinatos por militares después de la operación que no participaron en ella.
Ante el pedido de la CIDH, el gobierno de Ollanta Humala Tasso y el sector mas conservador de la clase política, empresarial y editorial peruana han tomado una estrategia psicosocial de desinformación que recuerda los momentos mas graves de la dictadura de Fujimori (1990-2000) con el objetivo final de lograr la aprobación popular para escapar a las obligaciones que suponen estar adscritos a la CIDH: Desde acatar indemnizaciones a decenas de miles de familias y víctimas del terrorismo de estado durante los años 1980-2000, hasta nuevos procesos iniciados por comunidades andinas y amazónicas, como último recurso para proteger sus territorios y recursos del hambre voraz de las mineras, petroleras y demás transnacionales en el Perú, con el aval del gobierno peruano, que parece haber cambiado de títere, pero no de titiritero.
Los ataques e intimidaciones a los activistas que solo piden el respeto por los DDHH fundamentales para todos los peruanos sin excepción es intensa : son acusados de terroristas. Incluso la misma CIDH es acusada de terrorista, con el objetivo de llamar terroristas también a todo aquel que recurra a esta instancia cuando la justicia peruana eleva sus estándares de ceguera, impunidad y corrupción.
