Cinco muertos por represión policial en Cajamarca, Perú

5 jul 2012

Frente a la grave situación en Cajamarca, Amnistía Internacional exige el cese inmediato de la violencia y pide medidas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos

Amnistía Internacional hace un llamado urgente a los dirigentes sociales de Cajamarca a que impidan las manifestaciones violentas que están ocurriendo en estos momentos en la provincia de Cajamarca. Al mismo tiempo, pide al gobierno peruano, que frente a las protestas sociales instruya y disponga la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida.

La organización expresa su preocupación por el creciente nivel de conflictividad social en relación a la explotación de recursos naturales en Perú, lo que ha llevado a una situación preocupante que abre la puerta a una serie de graves violaciones de derechos humanos.

Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público, pero siempre deben desempeñar esta responsabilidad en línea con las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, incluyendo el respeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Del mismo modo, es de vital importancia que las autoridades garanticen el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Es urgente que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Celendín, el 3 de julio de 2012, cuando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden resultaron en tres muertos, más de veinte heridos, incluyendo efectivos de la policía y el ejército, y al menos 16 detenidos.

Como respuesta a lo ocurrido en la noche de ayer, el poder ejecutivo ha declarado un estado de emergencia efectivo desde el 4 julio de 2012, por el cual quedan suspendidas las garantías constitucionales relativas a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y tránsito en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca.

Amnistía Internacional recuerda que la declaración de un estado de emergencia está sujeta a estrictas limitaciones, según los estándares internacionales de derechos humanos, y bajo ninguna circunstancia debe traducirse en violaciones a los derechos fundamentales de las personas.

Las autoridades peruanas deben asegurar que al implementar el estado de emergencia no se violen el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, bajo ninguna circunstancia. Igualmente, debe ser respetado el derecho de los detenidos a un proceso debido, y debe protegerse y garantizarse el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos en la zona para que puedan realizar su trabajo sin miedo a represalias.

HOMILÍA EN EL ENTIERRO DE LOS FALLECIDOS EN CELENDÍN EL DÍA 3 DE JULIO

El Perú y la CIDH

9 ene 2012

Foto tomada el 23 de abril de 1997, luego de efectuarse la llamada "Operación Chavín de Huantar". En ella aparecen desafiantes Alberto Fujimori - actualmente preso por delitos de lesa humanidad - y Roberto Huamán Azcurra, sindicado en la década del 90 como miembro del escuadrón de la muerte "Colina", hombre de confianza del Jefe de facto del Servicio de Inteligencia (SIN), responsable del espionaje telefónico a miembros de la oposición, camarógrafo de las reuniones donde se sobornaban desde ministros de estado hasta dueños de Televisoras, etc. Por cosas que solo pasan en el Perú, hoy Huamán Azcurra está libre, luego de cumplir 9 años de prisión dorada por "peculado en agravio del estado".

Actualmente su nombre ha cobrado vigencia al ser procesado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por cometer asesinatos extrajudiciales de miembros rendidos del fenecido Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) luego de la "Operación Chavín de Huantar", que supuso el rescate de casi la totalidad de rehenes en la entonces residencia del Embajador de Japón, y la muerte de todos los insurgentes "en combate" del MRTA. Este rescate en teoría fue llevado a cabo por comandos del Ejército Peruano (murió un comando) debidamente entrenados para estas operaciones, por lo que la sola presencia de Huamán Azcurra y el mismo Fujimori no solo es irregular sino respondería a acciones fuera de todo estado de derecho. Existen informes forenses detallados que acumulan muchas pruebas que comprueban asesinatos por militares después de la operación que no participaron en ella. 

Ante el pedido de la CIDH, el gobierno de Ollanta Humala Tasso y el sector mas conservador de la clase política, empresarial y editorial peruana han tomado una estrategia psicosocial de desinformación que recuerda los momentos mas graves de la dictadura de Fujimori (1990-2000) con el objetivo final de lograr la aprobación popular para escapar a las obligaciones que suponen estar adscritos a la CIDH: Desde  acatar indemnizaciones a decenas de miles de familias y víctimas del terrorismo de estado durante los años 1980-2000, hasta nuevos procesos iniciados por comunidades andinas y amazónicas, como último recurso para proteger sus territorios y recursos del hambre voraz de las mineras, petroleras y demás transnacionales en el Perú, con el aval del gobierno peruano, que parece haber cambiado de títere, pero no de titiritero.

Los ataques e intimidaciones a los activistas que solo piden el respeto por los DDHH fundamentales para todos los peruanos sin excepción es intensa : son acusados de terroristas. Incluso la misma CIDH es acusada de terrorista, con el objetivo de llamar terroristas también a todo aquel que recurra a esta instancia cuando la justicia peruana eleva sus estándares de ceguera, impunidad y corrupción.

Nota :  Breve biografía de Roberto Huamán Azcurra

Urgente: Masacre en Bagua, Perú

6 jun 2009

Como en tiempos que se creían pasados, el mal llamado gobierno democrático del peruano Alan García Perez ha incrementado su triste fama genocida: ayer, 5 de junio, día del medio ambiente, las fuerzas del orden han provocado una matanza en Bagua, ubicada en la selva peruana.

Unos dicen que han sido 30 los fallecidos por herida de bala, otras fuentes indican que se ha alcanzado el centenar. Hay informaciones que hablan de cadáveres arrojados al caudaloso río Utcubamba o del traslado de estos cuerpos a una Base Militar cercana.

La mayoría de las víctimas eran comuneros indígenas de las tribus amazónicas, unidas en un paro que ya duraba 60 días, para defender sus tierras del mal llamado progreso, eufemismo usado para disfrazar la lotización y depredación de los inmensos recursos naturales de la selva amazónica, a manos de las transnacionales petroleras, principalmente. También han muerto una decena de policías, enviados a matar y morir por políticos irresponsables, y dos periodistas.

Si el Perú fuera un verdadero país democrático, el Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra del Interior hubieran renunciado hace unas horas, el gabinete en pleno interpelado y el Presidente a esperas de un juicio político, pero no ha sido así. La ejemplar condena a Fujimori de hace unos meses ha sido solo un espejismo.

Mientras tanto, la clase política peruana se ha lavado las manos, mintiendo con descaro una y otra vez, culpando a verdaderos luchadores sociales de esta matanza. Igualmente la mayoría de prensa convencional (diarios, TV y radio) ha desinformado hipócritamente, en una actitud racista e indignante, que solo puede ser explicada por los inmensos intereses económicos detrás: el poder del dinero vale mas que el poder de la vida, que el poder de la naturaleza.

Pero este crimen no puede quedar impune, aquí en Perú se va luchar para que se haga justicia, pase lo que pase, pese a quien pese, caiga quien caiga; de eso no tengan duda.

Mas es necesario el apoyo de todos, sin fronteras. Por eso pido encarecidamente que se difunda estas muertes injustas, en todos los espacios posibles, blogs colectivos o personales, temáticos o nó; que llamen a los diarios de sus países, a las organizaciones de derechos humanos, que protesten en los consulados o embajadas de Perú. Los indígenas amazónicos han pagado con sus vidas el derecho de vivir en paz, preservando una Amazonía que es el pulmón del mundo: es lo menos que pueden, que podemos hacer, para honrar sus memorias.

Gracias de antemano, hermanos.

Adjunto diversos links sobre estos trágicos sucesos.

Blog de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)

Dirigente Santiago Manuin Valera, Premio Reina Sofía, herido gravemente

Vicariato de Jaén apoya Paro indígena amazónico

Francotiradores en Bagua, Perú

Justicia para Putis

9 feb 2009

Huanta, Ayacucho, sierra sur de Perú, 12 de diciembre de 1984: decenas de familias, provenientes de las comunidades campesinas quechuas de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha, acudían al llamado del Ejército Peruano, cansados de los hostigamientos y asesinatos de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que tiñó de carmesí los maizales de los pueblos que no existen en los mapas oficiales.

Los comuneros habían aceptado la propuesta del Ejército, dejando sus aldeas y estancias, para fundar un Centro Poblado, junto a la Base militar de Putis, y comenzar una nueva vida, protegidos por un estado que apenas conocían en la forma de una bandera rojiblanca y una escarapela, de uso obligado en fiestas nacionales.

Pero sólo encontraron muerte: en la noche fueron separados hombres y mujeres, las mujeres fueron violadas sin misericordia por los militares; los hombres fueron obligados a cavar una fosa poco profunda, para una quimérica piscigranja, futura fuente de sustento diario.

Al amanecer, todos fueron asesinados, con metralla, de seis en seis, y depositados en esa misma fosa, que jamás fué una piscigranja, solamente una oprobiosa fosa común, una de las tantas patrocinadas por el Ejército Peruano, en aquellos años oscuros que ellos - los asesinos - confiaban jamás verían luz.

Era mayo de 2008, un equipo de arqueólogos forenses iniciaron las exhumaciones de cinco de las fosas comunes ubicadas en Putis, gracias al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los primeros resultados fueron los siguientes:

Se han indentificado a 94 personas: 23 mujeres, 48 menores de edad, 38 menores de 10 años. Gracias a los análisis de ropas y ADN, esos muertos anónimos serán identificados, y entregados a sus deudos para un entierro digno, como merece un ser humano.

Pero eso no basta: es necesaria una reparación colectiva, moral y económica, a la memoria de los caídos y a los deudos. También es urgente que se juzgue y castigue a los militares, responsables directos de esa masacre, y que se llegue hasta donde se tenga que llegar, sin importar los galones ni las estrellas: que se sepa toda la verdad, esa verdad urgente que cura.

Hoy, recién se comienza a reparar el dolor: aún faltan centenares de Putis por rescatar del olvido, aún quedan familias buscando a sus parientes, aún quedan verdugos gozando de la impunidad del uniforme verde olivo, aún quedan conciencias indiferentes que despertar, dentro y fuera del Perú, más allá de latinoamérica, de Europa, del mundo.

Por eso, amigo lector, no olvides jamás en que parte del orbe queda Putis.

Más Información:
Juticia para Putis